sábado, 3 de noviembre de 2012

Quiera el pueblo votar.


La primera ley de  sufragio universal en nuestro país rigió en la provincia de Buenos Aires y fue obra del grupo rivadaviano en el poder allá por 1821. El proyecto del oficialismo establecía que todos los hombres libres nativos del país o avecindados en él, mayores de 20 años, tendrían derecho al voto. Sin embargo en el artículo 6 el proyecto establecía que además de tener vedado el derecho al voto los menores de 20 años, también lo tenían los analfabetos, los deudores fallidos, deudores del  tesoro público, dementes, notoriamente vagos, criminales con pena corporal o infamante, los domésticos a sueldo, jornaleros y soldados. La justificación con respecto a estos últimos era que estaban bajo la influencia del patrón y no tenían ideas propias. Frente a estos argumentos se expresó el entonces legislador Manuel Dorrego al afirmar que lo mismo podría decirse de los empleados públicos dependientes del estado o de los capitalistas dependientes de los bancos a quienes la ley no les impedía ejercer el derecho al voto.
Más tarde, hacia 1869, Juan Bautista Alberdi, inspirador con sus escritos de la Constitución Nacional de 1853, afirmaba: “No puede rigurosamente haber sufragio universal donde la universalidad de los sufragantes carece de toda educación, de toda inteligencia en las prácticas del sufragio verdadero. (…) Una multitud incapaz no tiene, no puede tener derecho propio. (…) Libres al modo de los menores o los incapaces del orden civil, esas multitudes tituladas “soberanas” elijen como elijen las mujeres o los menores de edad: lo que se les quiere hacer elegir”. Expresaba Alberdi el pensamiento de los hombres de la generación el ’80, que en tanto “dueños del país” iban a cuidar los intereses nacionales aplicando el fraude patriótico. Existiendo una ley de sufragio universal, ellos manipularían las elecciones mediante el fraude, para que las voluntades de esa “multitud incapaz” no desvíe el camino de la buena senda elegida por los administradores del granero del mundo. Una república oligárquica contra la que se pararon y lucharon diversos sectores. La lucha contra el Régimen dio nacimiento a la UCR, que con revoluciones, rebeliones armadas y con una política abstencionista logró presionar al oficialista PAN para que debata una ley electoral que tras un acuerdo con el presidente Roque Saenz Peña vio la luz en 1912: la Ley de voto secreto, universal y obligatorio. Sin embargo su universalidad se limitaba solo a los hombres.
Es así como llegamos a 1932 cuando se dio en el Congreso Nacional el debate sobre el voto femenino, una instancia previa a la que posibilitó la sanción definitiva de dicha ley bajo el gobierno peronista. La mayoría conservadora esgrimió su oposición a la posibilidad en base a la tradicional imagen de la mujer en tanto “reina del hogar”. Las características de la “naturaleza” femenina exigían limitar su participación política. De esta manera el diputado Francisco Uriburu afirmaba en el recinto el 15 de septiembre de 1932 que: “es frágil, sufre ondas emociones, vive en cierto estado de inquietud que exige la protección del hombre…Inteligente pero llena de emotividad y de sensibilidad puede sufrir la influencia del orador de voz cantante…Y en esas circunstancias no la hacen apta para la política, porque la razón de gobernar está subordinada al sentimiento que puede inspirarle”.  Según Uriburu posibilitar el voto femenino: “… es fomentar la disolución de la familia con gérmenes de anarquía: disminuir el poder marital ya socavado por la acción económica de la mujer, es propender a la disminución de los matrimonios, porque no seducirá al hombre constituir un hogar cuya dirección no le pertenece”.
Ya en 1947 la oposición radical, volvió a plantear el debate en términos de género, brindando una imagen de buen ciudadano masculinizante.  El diputado Oscar López afirmaba en la Cámara el 9 de septiembre de 1947: “las mujeres fueron elementos sumisos para los sueños de conquista de los gobernantes. Procuremos que no se repita eso. Ello ha de ser obra de la cultura política y su alcance nos incumbe en primer término a los hombres que hace años venimos entregando nuestra actividad política al servicio del país.  ”.
Finalmente llegamos a 2012, una nueva reforma electoral le posibilita a los menores de 18 años, el derecho a ejercer de manera voluntaria el derecho al voto a partir de los 16 años. Argumentos opositores recurrieron a las ya mencionadas incapacidades de los jóvenes para votar, a la posibilidad de la manipulación de su voto y a la necesidad de que si se les otorga tal derecho debe ser también posible que un menor de 16 años pueda ir a la cárcel, como si el derecho al voto se vinculara con la imputabilidad. Como afirma Romero en “Las ideas política en la Argentina” desde la época de la colonia dos tradiciones políticas conviven en nuestro país, una conservadora y otra progresista, la primera renuente a las transformaciones y asociada a los sectores establecidos de la sociedad y la segunda vinculada a las luchas reivindicativas de derechos. Como afirmo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Hay argentinos que tienen más derechos que en el día de ayer, tenemos que festejar. Promulgamos la ley del voto optativo para jóvenes de 16”.